28 condenados por secuestro y homicidio de Marta Ugarte

Montaje encabezado en 1976 por El Mercurio y La Tercera trató de hacer pasar el brutal caso de violación de DD.HH. como un crimen pasional.

El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los Derechos Humanos (DD.HH.) de la Corte de Apelaciones de Santiago, Miguel Vázquez Plaza, dictó sentencia de primera instancia en la investigación por el secuestro y homicidio calificado de Marta Ugarte, quien nació en Santiago el domingo 29 de julio de 1934.

Marta Ugarte

En esta otra foto de archivo se puede ver a Marta mientras escribe.

Ella fue profesora, modista, miembro del Comité Central del Partido Comunista (PC), secretaria de una diputada de éste, la también ex ministra Mireya Baltra; encargada nacional de educación de su colectividad, jefa provincial en la capital del país de la Junta de Abastecimientos y Precios (JAP) durante el gobierno (1970-1973) del presidente de la República Salvador Allende.

El lunes 9 de agosto de 1976 fue detenida por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), la policía secreta (1973-1977) de la dictadura cívico-militar (1973-1990) cuya cara más recordada es la del terrorista de Estado Augusto Pinochet. Permaneció recluida en el sector “la torre” del centro de torturas y ejecución Villa Grimaldi, donde su cuerpo fue quemado y sus uñas arrancadas. Después, Marta fue trasladada a otro recinto, ubicado en Peldehue, comuna de Colina, donde –por orden del Coronel Germán Barriga– debería ser asesinada por medio de una inyección llevada a cabo por Osvaldo Pincetti, un “doctor” de la Central Nacional de Inteligencia (CNI), la que fue creada inmediatamente después de la disolución de su predecesora, la DINA, a causa de la presión del gobierno de Estados Unidos a raíz del asesinato de Orlando Letelier (Washington D.C, martes 21 de septiembre de 1976).

Tras morir, el cuerpo de la profesional fue arrojado por sus captores –todos agentes del régimen terrorista de entonces– desde un helicóptero Puma del Ejército “siempre vencedor y jamás vencido” al mar, pero no obstante las precauciones que éstos tomaron para evitarlo (lanzarlo junto a un trozo de riel del que finalmente se soltó), fue encontrado semidesnudo y dentro de un saco amarrado a su cuello con un alambre, el viernes 9 de septiembre de ese año en la playa La Ballena, ubicada en Los Molles, comuna de La Ligua, en la Región de Valparaíso.

Según el informe de autopsia, producto de las constantes torturas Marta sufrió en vida una luxo fractura de columna, traumatismo tóraco abdominal con fracturas costales múltiples, ruptura y estallido del hígado y del bazo, luxación de ambos hombros y cadera, y una fractura doble en el antebrazo derecho, falleciendo el mismo día en que su cuerpo fue encontrado.

El rol de la prensa

Días después, el domingo 12, la noticia comenzó a circular a nivel nacional. En el documental El diario de Agustín (2008), del destacado cineasta Patricio Guzmán, se demuestra que este caso de violación de DD.HH. fue ocultado por la prensa, a través de un montaje encabezado por el diario El Mercurio, su versión vespertina, La Segunda; y La Tercera, los que describieron a la víctima como una “bella joven”, muerta producto de un crimen pasional.

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Portada de El Mercurio

La “periodista” que redactó la nota para El Mercurio fue entrevistada en dicho largometraje, en el que explicó que calificó de “joven” a la víctima porque así le había parecido al encontrar su cuerpo, el que –sostuvo– estaba muy delgado. No obstante, su artículo publicado en el matutino propiedad de Agustín Edwards Eastman, al igual que los consignados en los demás medios propagandísticos afines a la dictadura, establecía específicamente que la edad de Marta era de 23 años, mientras que en realidad ella tenía 42.

Los condenados

En la resolución (causa rol 2182-1998), el ministro Vázquez dictó condena en contra de los siguientes 28 agentes de Estado por su responsabilidad en los delitos perpetrados entre agosto y septiembre de 1976:

Carlos José López Tapia: 12 años de presidio, además a las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena; y al pago de las costas de la causa, en calidad de autor del delito de homicidio calificado.

Ricardo Víctor Lawrence Mires: 12 años de presidio, además a las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena; y al pago de las costas de la causa, como autor del delito de homicidio calificado. Además deberá purgar 4 años de presidio como autor del delito de secuestro simple.

Heriberto del Carmen Acevedo y Claudio Enrique Pacheco Fernández: 10 años y un día de presidio, además a las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena; y al pago de las costas de la causa, como coautores del delito de homicidio calificado. Además, deberán cumplir 2 años de presidio como autores del delito de secuestro simple.

Emilio Hernán Troncoso Vivallos: 5 años y un día de presidio, además a las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena; y al pago de las costas de la causa, como coautor del delito de homicidio calificado. Además, un año de presidio como autor del delito de secuestro simple.

Carlos Gregorio Evaristo Mardones Díaz: 8 años de presidio, además a las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena; y al pago de las costas de la causa, como cómplice del delito de homicidio calificado.

Antonio Palomo Contreras y Luis Felipe Polanco Gallardo: 5 años de presidio, además a las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena; y al pago de las costas de la causa, como encubridores del delito de homicidio calificado.

Pedro Octavio Espinoza Bravo: 4 años de presidio, además a las accesorias legales de inhabilitación absoluta perpetua para derechos políticos y la inhabilitación absoluta para cargos y oficios públicos mientras dure la condena; y al pago de las costas de la causa, como autor del delito de secuestro simple.

Eugenio Jesús Fieldhouse Chávez, Pedro Mora Villanueva, José Alfonso Ojeda Obando, Juvenal Alfonso Piña Garrido, Víctor Manuel Álvarez Droguett, José Mario Friz Esparza, Pedro Segundo Bitterlich Jaramillo, Orlando del Tránsito Altamirano Sanhueza, Eduardo Patricio Cabezas Mardones, Jorge Iván Díaz Radulovich, Guillermo Eduardo Díaz Ramírez, Orlando Jesús Torrejón Gatica, Carlos Enrique Miranda Mesa y Carlos Eusebio López Inostroza: un año de presidio, además a las accesorias legales de suspensión de cargo u oficio público mientras dure la condena; y al pago de las costas de la causa, como coautores del delito de secuestro simple.

José Javier Soto Torres, Jerónimo del Carmen Neira Méndez, Roberto Hernán Rodríguez Manquel, Leónidas Emiliano Méndez Moreno y José Domingo Seco Alarcón: 61 días de prisión, además a las accesorias legales de suspensión de cargo u oficio público mientras dure la condena; y al pago de las costas de la causa, como cómplices del delito de secuestro simple.

En tanto, los agentes Jorge Segundo Madariaga Acevedo, José Nelson Fuentealba Saldías, Hugo Hernán Clavería Leiva, Raúl Alberto Soto Pérez y Juan Carlos Escobar Valenzuela fueron absueltos por falta de participación en los hechos.

En el aspecto civil, el fallo condena al Estado de Chile a pagar una indemnización, por concepto de daño moral, de $100 cien millones de pesos a Hilda y Berta Ugarte Román, ambas hermanas de la víctima.

Marta no fue la única

Además de acreditas los hechos anteriormente señalados, en la etapa de investigación el ministro Vázquez confirmó que el Comando de Aviación del Ejército tenía en el aeródromo Tobalaba su centro de operaciones, entre otros, de vuelo de los Helicópteros Puma, de mayor capacidad de vuelo y transporte, para cuyo desplazamiento se requería de autorizaciones de las más altas autoridades del Ejército ya que para ello debía destinar al menos, con anticipación, los pilotos, copilotos y mecánicos que debían formar la tripulación de vuelo.

Las naves fueron usadas institucional y regularmente, en concomitancia con la DINA, durante varios años para eliminar cuerpos de personas detenidas en los distintos centros de detención de dicho organismo, los que eran llevados directamente al aeródromo Tobalaba o llevados al Regimiento Peldehue para luego emprender vuelo hasta alta mar, donde eran lanzados al océano.

También, en elrepublico.com