¿Son jueces o activistas? Corte Suprema ordena cambio de sexo registral

Máximo Tribunal establece que se deben respetar los "derechos humanos consagrados en los distintos instrumentos nacionales e internacionales".

Desde el Poder Judicial se ha informado que la Corte Suprema ordenó el cambio de sexo registral de una mujer que dice sentirse hombre, supuesto que ningún tercero puede comprobar. La decisión fue tomada hoy, es decir, el mismo día en que el presidente Sebastián Piñera promulgó la perniciosa ley de identidad de género ingresada a trámite por el gobierno anterior, de la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet.

En fallo unánime, la Cuarta Sala de la Suprema –instancia integrada por los ministros Ricardo Blanco, Andrea Muñoz, Ángela Vivanco y los abogados Leonor Etcheberry e Íñigo de la Maza– “revocó la sentencia impugnada, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago, que había accedido solo al cambio de nombre registral solicitado, tras establecer, al igual que en fallo de mayo pasado, que se vulneran los derechos fundamentales de las personas transexuales al mantener el sexo registral, pese a su identidad de género diverso”, se puede leer en el comunicado del citado poder del Estado.

La determinación considera que “la Relatoría sobre los derechos de las personas LGBTI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con fecha 30 de marzo de 2012, ha considerado que, dentro de los contenidos de la identidad de género, se incluye ‘el transgenerismo’, situación que, en esencia, significa para la persona la no conformidad entre su sexo biológico y la identidad de género que le ha sido tradicionalmente asignada a ésta”, dice el fallo.

Además, “se puede conceptuar la identidad de género como ‘la vivencia interna e individual del género’, tal como cada persona la siente profundamente, la cual podría corresponder o no al sexo asignado al momento del nacimiento, incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género, incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales. Lo anterior así ha sido comprendido por los denominados ‘Principios de Yogyakarta’ sobre la aplicación de la Legislación Internacional de Derechos Humanos en relación con la Orientación Sexual y la Identidad de Género”.

De acuerdo a la resolución, “esta discordancia entre la identidad de género de una persona y su sexo biológico, en lo que consiste la transexualidad, implica para aquella estar en una situación que muchas veces le provoca una grave angustia, por ejemplo, al no contar con un documento de identidad que sea coherente con su apariencia externa, o no tener los medios y/o recursos para someterse a una cirugía de reasignación sexual, o las posibles dificultades para sufragar, lo que puede derivar en deterioros en el ámbito relacional social, laboral, u otras áreas importantes de la vida. De esta manera, queda en evidencia que la transexualidad o transgenerismo no refiere sólo a preferencias o deseos, sino y mucho más, a una necesidad asociada con la identidad, la calidad de vida y los derechos del sujeto”.

Y “precisamente por ello, el ámbito de cautela de los derechos fundamentales es especialmente importante frente a las personas transgénero, por implicar su situación una evidente vulnerabilidad jurídica y social, por lo que deben ser siempre tratadas con pleno respeto y garantías a sus derechos humanos consagrados en los distintos instrumentos nacionales e internacionales ya citados”.

Para leer el fallo completo, clic aquí.