Con 42 votos a favor, 29 en contra y 10 abstenciones, fue aprobada hoy, en la Sala de la Cámara, la interpelación impulsada por Chile Vamos en contra de la ministra de Justicia, Javiera Blanco. Esto, tras el bochornoso episodio que tuvo lugar ayer, cuando la petición fue rechazada por una falta de quórum que profundizó la diputada interpeladora, la RN Marcela Sabat, quien llegó tarde a dicha instancia y no sufragó.

El cuestionario temático que tendrá que responder la secretaria de Estado el martes 2 de agosto, desde 16:30 horas, aborda la crisis que enfrentan organismos dependientes de su cartera, entre los que se encuentra el Servicio Nacional de Menores (Sename), el que en las últimas semanas ha estado en la primera línea mediática por la muerte de menores a su cargo, como el de Lissette (11).

A lo anterior se suma el polémico nombramiento de la ex fiscal del 27-F, Solange Huerta, como directora del mismo ente estatal, y las millonarias pensiones entregadas a un pequeño grupo del ex personal de Gendarmería. Este último, escándalo que quedó marcado por el caso de Myriam Olate, la correligionaria y ex esposa del presidente de la Cámara, el PS Osvaldo Andrade.

Asimismo, la ministra Blanco será requerida por la compleja situación de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ), desde la cual se han denunciado diversas irregularidades económicas y en la contratación de personal, todas consignadas en un informe de la Contraloría, además de cuoteo político.

“Versiones malintencionadas”

Esta interpelación se da en medio de las “versiones” que recorren La Moneda –y que en el Ministerio de Justicia han calificado de “malintencionadas”– que apuntan directamente a Javiera Blanco. Estas declaraciones, difundidas hoy por El Mostrador, sostienen que la continuidad de ella en su actual cargo se hace insostenible, teniendo en cuenta la entrevista que el ex director de Gendarmería, Tulio Arce, dio el lunes a CNN Chile, canal al que aseguró que el subsecretario de Justicia, el DC Ignacio Suárez, y asesores de la ministra le solicitaron el ascenso de funcionarios, puntualmente el del ex presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios (ANFUP), el DC Pedro Hernández, como jefe de la Unidad de Participación ciudadana, porque en 2015 su organización no se sumó al paro de octubre.

Ayer el Ministerio de Justicia salió a rechazar las afirmaciones del ex director Arce, al que acusó de decir cosas “falsas e irresponsables”. Aún así, fuentes de gobierno reconocieron al citado diario digital que esto podría ser el empujón que Blanco necesita para caer al precipicio, cuya principal barrera de protección es el de la presidenta Michelle Bachelet, con quien la ministra tiene una relación privilegiada de confianza y cercanía personal que ha devenido en blindaje y apoyo directo, lo que no es suficiente para detener los trascendidos que toda la tarde de ayer circularon en torno a su salida del gabinete de la mandataria, o a un posible enroque hacia una posición más favorable en el contexto de un cambio de nombres de mayor envergadura, lo que se congeló hasta nuevo aviso –pese a los continuos llamados de la Nueva Mayoría– luego de la llegada, el 8 de junio, del hoy ministro del Interior, el también DC Mario Fernández.