La tarde de este viernes, el gobierno confirmó que finalmente seguirá adelante con el veto aplicado por la presidenta Michelle Bachelet a parte de la reforma laboral, esto luego de que el Tribunal Constitucional (TC) botara –a petición de la derecha política y con el apoyo de la relevante, la derecha económica– dos puntos del cambio legal: la extensión de beneficios y la titularidad sindical.

La primera opción, la de modificar la actual Constitución para ahí consignar por sobre todo el último punto del párrafo anterior, después de 72 días de negociaciones se cayó. Al respecto, esta fue la explicación del ministro Secretario General de Gobierno, Marcelo Díaz: “para avanzar en esa línea, era necesario construir un acuerdo transversal, ya que una reforma constitucional sobre estas materias requiere dos tercios de los parlamentarios en ejercicio, quórum que nuestra coalición no tiene”.

“Valoramos y reconocemos especialmente la buena disposición y disciplina que tuvo la Nueva Mayoría durante este proceso”, agregó el secretario de Estado, en una vocería en La Moneda en compañía de sus pares de Trabajo, Ximena Rincón; y de Hacienda, Rodrigo Valdés. Al mismo tiempo, apuntó a la “ausencia de voluntad por parte de los representantes de los partidos de la oposición para construir un acuerdo que permitiera hacernos cargo del escenario generado por su requerimiento ante el TC”.

“Considerando lo anterior, la Presidenta […] ha instruido a los ministros tramitar a la brevedad el referido veto, procediendo a la promulgación de la Reforma Laboral una vez que éste sea despachado”, informó Díaz. El ministro, además, recalcó que “en ausencia de un acuerdo transversal, el Ejecutivo no impulsará nuevas iniciativas legales referentes al proyecto de Relaciones Laborales, focalizando sus esfuerzos en su adecuada y oportuna implementación”.

“A pesar de que la Reforma no será todo lo que el Ejecutivo impulsó y el Congreso por mayoría aprobó, ésta sigue siendo el mayor avance para las relaciones laborales desde la recuperación de la democracia. Chile debe valorar especialmente que con esta ley los trabajadores podrán contar, entre otros derechos, con una huelga efectiva, con piso de negociación, con mayor información para el ejercicio de sus derechos colectivos y con extensión pactada de beneficios”, aseguró.

“Complementariamente, en materia laboral, el gobierno seguirá con sus esfuerzos para impulsar las iniciativas destinadas a ampliar la participación de mujeres y jóvenes en el empleo y mejorar la capacitación de los trabajadores con miras a mejorar la productividad de la economía”, concluyó, en un claro guiño a los dueños del país, quienes han insistido hasta el hartazgo en esos puntos, entre otros.

Nota de la Redacción: La extensión de beneficios fue declarada inconstitucional parcialmente, es por eso que al leer el artículo se acusa una cierta incoherencia entre la información del inicio y las declaraciones entre comillas del final del mismo. La regla editorial de este diario digital establece que no se puede reeditar lo publicado, y por lo mismo la aclaración se realiza aquí.