Este miércoles Mauricio Carrasco y Andrea Salazar, militantes del Movimiento Autonomista, ampliaron la querella que habían presentado el pasado 4 de octubre luego de que TVN diera a conocer el grave caso de la Municipalidad de San Ramón, a la cual el narcotráfico entró a ocupar cargos incluso remunerados bajo la alcaldía de Miguel Ángel Aguilera, el ahora ex PS que figura en la acción legal ingresada durante la presente jornada por delitos relativos a las firmas con las que el presidenciable oficialista Alejandro Guillier inscribió su candidatura.

En concreto, dicha querella –que inicialmente era por malversación y fraude al fisco– ya aborda una presunta falsificación de instrumento público e ilícitos de la ley electoral.

El modus operandi

Según informa hoy El Mostrador, el lunes 2 de octubre, a un día de la emisión de Televisión Nacional, en el municipio capitalino se inicio una purga que terminó con varios funcionarios desvinculados bajo la sospecha de haber colaborado con el reportaje. Algunos de ellos tomaron contacto con Carrasco y Salazar, aspirantes del Frente Amplio a la Cámara por los distritos 13 –donde se ubica San Ramón– y 12, respectivamente, a quienes entregaron nuevos antecedentes que dieron pie su ampliación, la que se suma a una denuncia ya en manos del Servel.

En conversación con el citado diario, Carrasco detalla que en el caso de las rubricas el modus operandi “era pedirle a los funcionarios que trajeran una cantidad determinada de carnets. Se los pedían a familiares y vecinos, los que después eran fotocopiados. Luego otras personas llenaban la ficha, hacían la firma que aparecía en el carnet y le ponían su huella dactilar. Después otra persona los llevaba a un notario para que fueran incorporadas a las firmas necesarias para inscribir la candidatura”.

Por su parte, Salazar apunta que “la gente que aparece firmando de esta manera en ningún momento concurrió a manifestar su voluntad de manera libre frente a un notario. Probablemente no sabían. Esto ocurría en medio de actividades que se realizaban donde se les pedía el carnet a las personas. Hay cuatro fichas que llevamos al fiscal para que se hagan las pericias, pero los testigos nos indican que se trata de más de mil firmas y que no sólo se trata de las obtenidas en San Ramón sino también de otros municipios”, agrega.

En el caso de San Ramón, quienes estaban a cargo de recolectar las firmas eran Francisco Olguín, mano derecha de Aguilera –de quien llegó a ser jefe de gabinete– y Pedro Jaque, jefe territorial del alcalde y uno de los hombres más importantes del PS, desde donde fue expulsado antes que su jefe, en la zona sur de la Región Metropolitana. En el caso de este último, afirman Carrasco y Salanzar, su rol era colaborar “en evadir la fiscalización de la Contraloría sobre actividades de campaña en horario de trabajo de los funcionarios porque su cuñado está ligado a la empresa que provee los relojes que controlan la entrada y salida de la gente”.