Supremo asegura que acusación es un “quiebre jurídico solo comparable a 1973”

La arremetida opositora tendrá "consecuencias" que "se han de ver muy pronto, y las padecerá el ciudadano común", remarca.

El juez Carlos Aránguiz, quien integra la Tercera Sala (constitucional) de la Corte Suprema, se ha referido a la acusación constitucional impulsada desde la ex Nueva Mayoría y el Frente Amplio en contra de ministros de la Sala Penal del máximo tribunal, a los que se les imputa un notable abandono de deberes por haber accedido a dar libertad condicional a condenados por crímenes contra los derechos humanos en dictadura.

En entrevista con el diario La Tercera, el juez Aránguiz, quien cuenta con más de 30 años de trayectoria en el Poder Judicial, asegura que en la Suprema hay ministros “que pensamos que con la situación creada a partir de la acusación constitucional contra Hugo Dolmetch, Carlos Künsemüller y Manuel Antonio Valderrama, usándose una herramienta constitucional para un fin prohibido expresamente en la Constitución, se ha promovido un quiebre jurídico de tal magnitud que es solo comparable a septiembre de 1973”.

A solo días de conmemorar el 45° aniversario del golpe de Estado de aquel año, Aránguiz apunta al riesgo que conlleva que los parlamentarios usen la acusación para meterse en decisiones de fondo que –y así lo establece el ordenamiento jurídico vigente– están radicadas en la Corte Suprema, o sea, en la instancia que tiene la última palabra sobre los fallos de los tribunales del país.

Para el juez, “las consecuencias” de la acusación “se han de ver muy pronto, y las padecerá el ciudadano común, que hasta el momento cree que estas reyertas institucionales no le afectarán, tal como se les convenció en septiembre de 1973”.

Las palabras de Aránguiz se suman a las del también ministro Sergio Muñoz, quien, siendo presidente subrogante de la Suprema, dijo sobre la acusación: “No se está respetando la carta fundamental”. Además, la propia Corte sostuvo en una declaración que se pone en riesgo “la vigencia del Estado de derecho”.

Otra autoridad que ha expresado su posición al respecto es el contralor Jorge Bermúdez. La semana pasada, este último afirmó que no está de acuerdo con la acusación: “Es muy difícil cuando el juez lo que hace es aplicar la ley, que otro poder se moleste con esa aplicación de la ley”, indicó.