“Ley Gabriela”, una iniciativa de dudosa constitucionalidad

En su Capítulo I (Bases de la institucionalidad), Artículo 1, la Constitución Política de la República establece que “las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos”. Y más abajo, en su Artículo 19, correspondiente al Capítulo III (Derechos y deberes constitucionales), se “asegura a todas las personas”, entre otras cosas, “la igualdad ante la ley”, que “en Chile no hay persona ni grupo privilegiados”, que “hombres y mujeres son iguales ante la ley” y que “ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”.

Teniendo en cuenta lo anterior –que es bastante explícito– se hace evidente la dudosa constitucionalidad de la llamada “Ley Gabriela”, proyecto de ley aprobado ayer por la Cámara de Diputados que “expresa la necesidad de modificar el Código Penal para ampliar el delito de femicidio a cualquier asesinato de una mujer con motivos de odio, menosprecio o abuso por causa de género, sin importar la relación o cercanía del asesinato con su víctima”, se puede leer en un comunicado oficial. En lo grueso, las preguntas aquí son varias, comenzando con por qué la iniciativa se hace cargo solo del asesinato de mujeres… ¿Y por qué no el asesinato de hombres? ¿Acaso la vida de ellas tiene más valor? ¿Son acaso los “motivos de odio, menosprecio o abuso” unidireccionales, exclusivos de hombres hacia mujeres? ¿O es que simplemente las mujeres son un grupo privilegiado, de lo que no nos habíamos enterado, y por ello se les está dando una inaceptable superioridad legal?

En definitiva, ¿dónde está la igualdad ante la ley?

Del proyecto –que más parece un panfleto de quinta categoría de alguna marcha feminista, es decir, una marcha de izquierdistas histéricas– llama también la atención su marcada dialéctica neomarxista: en tono de lucha de clases, pone al hombre (que vendría siendo la burguesía) textualmente como “el autor” del delito y a la mujer (el proletariado) como “la víctima” del mismo. ¿Hay alguna justificación para algo así? No, no la hay, porque esto es pura arbitrariedad.

Lo bueno es que la iniciativa recién salió de su primer trámite en la Cámara, de la que se puede esperar cualquier cosa. Ahora es el turno del Senado de poner cordura a las nefastas ocurrencias de los diputados. Pero si no lo hace, además de ser una muy, muy mala señal, podría dar un poco lo mismo desde el punto de vista legal porque el proyecto es de una constitucionalidad tan cuestionable que debería caerse por completo donde corresponde, el Tribunal Constitucional, no porque esta instancia sea “machista” o “patriarcal” como diría un izquierdista autómata, sino debido al objetivo no dicho del proyecto, que es profundizar y consagrar la desigualdad de hombres y mujeres ante la ley, algo que no es propio de una democracia liberal.