Civiles reclutados por el ex funcionario e imputado José Inapaimilla, quien –además de dirigir todo– los hizo pasar por jubilados de la institución. A esto se suman irregularidades en los desahucios que estos últimos recibían por el supuesto fin de su vida policial.

En lo grueso, los anteriores son los puntos de otro y millonario fraude al interior de Carabineros, informa Cooperativa. De acuerdo a la emisora, la Fiscalía maneja antecedentes que apuntan a una estructura que involucra casi $4 mil millones de pesos.

El fiscal Miguel Ángel Orellana explicó que, a partir de su investigación, el Ministerio Público “ha podido definir dos estructuras organizativas distintas dentro de la cantidad de formalizados en la causa, y esas dos estructuras tienen niveles de liderazgo, de organización y de distribución de funciones también distintas”.

“Nos ha permitido escindir una línea vinculada, entre otros, al imputado José Inapaimilla y entre los que estaban los imputados que hoy día (jueves) se discutieron las medidas cautelares, don Miguel Bettiz y Julia Bettiz, que a su vez las oficiaban de reclutadores de nuevos civiles que en definitiva permitían malversar caudales públicos originados como desahucios y pensiones en Carabineros”, agregó.

Se espera que el próximo martes 10 de octubre la Corte de Apelaciones de Santiago decida si congela o no los desahucios de 20 imputados por alrededor de $1.000 millones de pesos.