Contralor emplaza al SII por la impunidad legal de corruptos

Recuerda que existe un “principio de imparcialidad”, bajo el cual se debe “respetar el principio de probidad”.

A través del dictamen n°014000N17 del viernes pasado, el contralor Jorge Bermúdez se refirió a la decisión del Servicio de Impuestos Internos de no presentar nuevas denuncias o querellas por delitos tributarios ligados al financiamiento de la política. Estas acciones legales, cuyo inicio recae exclusivamente en el SII, son necesarias pues abren la puerta a la investigación de la Fiscalía.

En su texto, Bermúdez recuerda que el objetivo del Servicio dependiente del ministerio de Hacienda no es recaudar impuestos, posición que ha sido defendida, para sustentar la inacción penal, desde el director –de la exclusiva confianza de la presidenta Michelle Bachelet– de Impuestos Internos, Fernando Barraza, hasta los abogados de imputados por tramas corruptas como SQM y Corpesca.

“Corresponde a dicha entidad la aplicación y fiscalización de todos los impuestos internos actualmente establecidos o que se establecieren, fiscales o de otro carácter en que tenga interés el fisco y cuyo control no esté especialmente encomendado por la ley a una autoridad diferente”, dice la resolución, en respuesta a Paulina Carrasco y Marisa Navarrete, dos ex funcionarias del SII.

Respecto al ingreso de denuncias o querellas, el contralor puntualiza que “pese a tratarse de una atribución discrecional del director del SII, resulta indispensable que las decisiones que adopte en la materia tengan un fundamento racional, ya que, conforme al principio de juridicidad, es importante que estas no obedezcan al mero capricho de la autoridad, sino a criterios objetivos que le otorguen legitimidad, por lo que lo que resuelva sobre el particular requiere tener un sustento en los antecedentes recabados al efecto”.

“En el mismo sentido, cabe recordar que las autoridades y los funcionarios del SII están obligados a observar el principio de imparcialidad consagrado en el artículo 11 de la ley N° 19.880, conforme al cual, tanto en la substanciación de sus procedimientos como en las resoluciones que adopten, han de actuar con objetividad y respetar el principio de probidad, el que, a su vez, les impone la obligación de emplear medios idóneos de diagnóstico, decisión y control, según lo ordena el artículo 53 de la ley N° 18.575”, agrega.

Asimismo, remarca: “Corresponde que el anotado servicio ejerza oportunamente alguna de las facultades que el inciso tercero del artículo 162 del Código Tributario le confiere cuando se trate de las infracciones tributarias que allí se consignan, de modo de evitar que las acciones destinadas a su persecución y sanción se extingan por prescripción”.

El papá adoptivo de Marco Enríquez-Ominami

El contralor Bermúdez también alude a lo sucedido con el ex senador Carlos Ominami, quien fue sobreseído del caso SQM porque Impuestos Internos ingresó una querella fuera de plazo. Aquí operó la prescripción de los eventuales ilícitos.

“Corresponde que el SII investigue las razones de la demora en el ejercicio de la acción penal en el caso en comento, para lo cual deberá sustanciar un procedimiento disciplinario destinado a hacer efectivas las responsabilidades administrativas que hayan podido originarse con motivo de tal situación”, prosiguió.

“El anotado servicio deberá, además, informar sobre las medidas que adopte a fin de ajustar sus actuaciones a lo señalado en el presente dictamen, a la Unidad de Coordinación Nacional de Seguimiento y Apoyo al Cumplimiento de la División de Auditoría de esta Contraloría General, dentro del plazo de 20 días hábiles contado desde su notificación”, advirtió.

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