Multas o incluso su disolución. Eso arriesga SQM, esto en el marco de la querella por la arista Royalty que el Consejo de Defensa del Estado amplió la semana pasada ¿Para qué? Para incluir a la minera no metálica –controlada por Julio Ponce Lerou– en la investigación del Ministerio Público en torno a la compañía estatal privatizada por la dictadura cívico-militar encabezada por Augusto Pinochet.

Según informa hoy el diario La Tercera, en su acción legal –ingresada al Octavo Juzgado de Garantía de Santiago– el CDE imputa la responsabilidad de SQM como persona jurídica en el cohecho que, asegura la Fiscalía, fue cometido con el ex militante UDI Pablo Longueira. Cabe recordar que este último fue formalizado el miércoles 22 de junio del año en curso junto al ex gerente general de Soquimich, Patricio Contesse, por cohecho y soborno respectivamente.

“Longueira promovió ante el Ejecutivo el interés de una empresa privada, con quien mantenía un vínculo de dependencia por múltiples aportes económicos o dádivas que venía recibiendo de SQM y, por lo tanto, tenía conflicto de intereses que le impedían actuar con imparcialidad”, afirmó el fiscal part-time del caso SQM, Pablo Gómez, en dicha audiencia.

Lo anterior, tras descubrirse la existencia de correos electrónicos intercambiados en 2010 por el entonces senador Longueira y Contesse, en plena tramitación de la Ley de Royalty impulsada por el Gobierno del inversionista Sebastián Piñera. Al respecto la Fiscalía agrega que en esas comunicaciones el gerente de SQM envió una minuta al parlamentario de la ultraderecha, quien después se la llevó al Ejecutivo sin mencionar el origen del escrito.