Fiscalía tras “carpetazo” del SII: ¿Luz, cámara y acción?

Ministerio Público se refiere a cierre, sellado por Impuestos Internos, de investigación de platas políticas.

Parte la campaña al parlamento y a la presidencia y justo, justo ahora la Fiscalía confirma que archivará los casos de financiamiento político ilegal ya conocidos que no cuenten con la respectiva denuncia o querella del Servicio de Impuestos Internos. Esto porque, como es sabido, casi todas las tramas corruptas –Penta, SQM y Ripley, solo por mencionar algunas– radican en boletas y/o facturas ideológicamente falsas; es decir, en eventuales delitos tributarios, por los cuales solo el SII puede iniciar acciones legales que a su vez abren la puerta a la investigación del ente persecutor.

Control político

Cabe recordar que el director nacional de dicho Servicio es de la exclusiva confianza del presidente de turno. El actual titular de Impuestos Internos –obviamente, designado por Michelle Bachelet– es Fernando Barraza, quien el día martes 19 de diciembre de 2015, con la resolución 116, centralizó la acción legal por delitos tributarios revocándole así esa facultad a las oficinas regionales del SII.

Lo anterior, muy en línea con lo asegurado por el fiscal nacional Jorge Abbott en marzo de 2016 en entrevista con La Tercera, matutino del grupo Saieh al que aseguró que “queremos acotar y darles pronto término a las investigaciones”, que “no podemos, a través de nuestras acciones, afectar instituciones fundamentales de la República”.

Un dato no menor a tener en cuenta: Abbott fue propuesto para fiscal nacional por Bachelet para después ser ratificado en el cargo por el Senado, parte Congreso ligada a los más graves casos de corrupción, con pagos también mediante boletas y/o facturas que se sospecha son ideológicamente falsas.

“Hay muchas diligencias que realizar y no dependen exclusivamente de la Fiscalia. Y en la medida que se sigue una línea de investigación, surgen otras aristas. El desarrollo de estas investigaciones hace poco posible que terminen en el corto plazo”, agregó Abbott el jueves de la semana pasada en un comunicado del Ministerio Público, cuyo “interés” –sostiene su escrito– “es que estas investigaciones alteren lo menos posible el proceso electoral que viene. Haremos todos los esfuerzos para que no lo contaminen. Sin embargo, es imposible asegurar que ello no va a ocurrir, porque la instrumentalización de estas investigaciones depende de terceros”.

La Tercera ayer consignó que, en esa línea, el director del SII puso fin a las acciones penales por boletas y/o facturas ideológicamente falsas ligadas a políticos, dejando todo en la vía pecuniaria (pago de impuestos y multas). De este modo se salvó de ser investigada, por ejemplo, Eccesa, matriz de Ripley que hizo pagos –triangulados por Credo Limitada, de Diego Perry, hijastro del ex secretario de comunicaciones de Bachelet, Juan Carvajal– a la segunda campaña de la presidenta.

The end

Hoy en tanto, el citado medio dio a conocer un comunicado de la Fiscalía –en respuesta al diario por el reportaje que difundió hace horas– en el que confirma que “ha resuelto archivar o no perseverar en estas investigaciones cuando no ha obtenido respuesta del SII, cada vez que frente a los mismos hechos el Servicio ha decidido recurrir a los Tribunales Tributarios”. Y que por ese motivo “ha tomado tal decisión en el entendido de que no se ejercerá, por ahora, la acción penal”.

“La línea seguida por la Fiscalía apunta a evitar mantener vigentes investigaciones que no pueden prosperar, sin la previa instancia del Servicio”, explica.

“Los delitos relacionados con la recaudación de recursos públicos son especialmente graves, pues atentan contra el interés de cada uno de los ciudadanos y del país en su conjunto. En esta perspectiva es que la Fiscalía no puede dejar de insistir en que el ejercicio de la acción penal en materias de delitos tributarios, electorales y también de colusión debiera estar en manos del Ministerio Público, pues es el órgano constitucional autónomo que tiene la exclusividad en la dirección de las investigaciones penales, lo que aseguraría la plena igualdad de las personas ante la ley”, concluye.

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