El SII va por otras empresas que rectificaron pagos a campañas

Movimiento se confirma tras un fallo judicial que permite a la Fiscalía investigar sin una acción legal previa del servicio.

Un acorralado y cuestionado Servicio de Impuestos Internos (SII) comenzó a citar a declarar a los altos ejecutivos de grandes empresas ligadas al financiamiento de campañas electorales. Todo, mediante documentación ideológicamente falsa.

Este movimiento se confirma a 72 horas de que la Corte de Apelaciones de Santiago fallara, por el caso Penta, que no es necesaria una denuncia o querella nominativa del SII para que la Fiscalía investigue delitos tributarios.

Sobre el punto anterior, el tribunal de alzada capitalino sostuvo unánimemente que Impuestos Internos debe denunciar un hecho y que, en el marco de la investigación, corresponde al ente persecutor el establecer presuntos “autores, cómplices o encubridores”, los que posteriormente pueden ser formalizados y condenados. Esto se amplifica, agregó la Corte, si las acciones legales del SII “se dirigen en contra de todos aquellos que resulten responsables en los mismos hechos, claro mandato inequívoco para proceder a su averiguación”, dice el fallo.

Ripley abre los fuegos

Respecto a dichas citaciones a declarar, este lunes el diario La Segunda consigna que el representante legal de la matriz de Ripley, ECCSA S.A., empresa que rectificó pagos por $104 millones de pesos, dinero que en parte habría ido a parar a la precampaña de la segunda candidatura de la ahora presidenta Michelle Bachelet, será el primero en comparecer.

“El jefe del Departamento de Delitos Tributarios que suscribe, notifica a Ud., en calidad de representante legal, para que comparezca […] con el objeto que atestigüe o declare bajo juramento sobre puntos contenidos en sus declaraciones […] o antecedentes de cualquier naturaleza relacionados con terceras personas”, dice una comunicación enviada por el SII a la que tuvo acceso el vespertino, el que al mismo tiempo advierte que –según explican otros escritos– si se incumple una segunda citación, el referido organismo incluso podría recurrir a la justicia para solicitar el arresto de quien no concurra.

Cabe recordar que entre las empresas que han rectificado gastos también se encuentran SQM, el grupo Said y Empresas Copec. Esta última, del grupo Angelini, el cual además controla Corpesca, la firma pesquera investigada por supuestamente sobornar al entonces senador UDI Jaime Orpis para que éste votara a favor de sus intereses, en la discusión de la ley de pesca enviada, tramitada y aprobada durante el gobierno (2010-2014) del inversionista Sebastián Piñera.

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