Tal como informó este diario ayer por la tarde, la Contraloría invalidó el “jubilazo” de Myriam Olate, la correligionaria y ex esposa del presidente de la Cámara de Diputados, el militante socialista Osvaldo Andrade.

Ahora bien, al revisar con detención el documento firmado por el contralor Jorge Bermúdez se puede constatar que la ex directora técnica de Gendarmería, cargo que dejó el 1 de octubre de 2015, nunca debió acceder a la jubilación que en definitiva percibió hasta el martes; sí, la que supera los $5 millones de pesos mensuales.

El escrito indica que ya el viernes 7 de diciembre de 2012 se advirtió, en el informe final n°57, que Olate no cumplía con los requisitos para acceder a la pensión que se le otorgó con la resolución n°347 del año pasado, porque no calificaba para ser parte de la caja del organismo carcelario; es decir, la Dirección de Previsión de Carabineros de Chile (Dipreca).

Asimismo, se recuerda que debido a lo ya señalado la Conraloría instruyó a Dipreca enviar las cotizaciones de Olate a la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP) que informara la Superintendencia de Pensiones. Y al mismo tiempo hace referencia a un “informe de seguimiento” del martes 7 de octubre de 2014, en el que acusa que no hubo una correción, “en la medida que Gendarmería de Chile no dio respuesta a las solicitudes de la Dipreca respecto dela AFP a la cual estaba adscrita la funcionaria y en lo tocante a abstenerse de remitir las erogaciones de esta última”.

“Desviación de poder”

Prosiguiendo con su argumentación, la resolución apunta al oficio n°9.346 que Dipreca envió el lunes 1 de octubre de 2012 a Gendarmería con el fin de informar que “se procedió a desvincular de este sistema previsional a los siguientes funcionarios de Genchi, por las razones que se señalan: c. Señora Ema Olate Berríos, toda vez que se encuentra erogando imposiciones en esta institución desde octubre de 2010, fecha desde la cual ostenta un cargo de contrata destinada a la Dirección Nacional, no cumpliendo así con ninguno de los requisitos exigidos por la ley 19.185”.

¿Qué quiere decir lo de arriba? en resumen, que la ex cónyuge del “honorable” diputado Andrade era funcionaria a contrata y no de planta, el principal requisito para imponer en Dipreca. Esta situación –detalla el organismo fiscalizador– se prolongó desde el lunes 5 de abril de 2010 hasta el jueves 10 de abril de 2014, periodo en que Olate fue una “profesional asimilada a grado 6” en la Escala Única de Sueldos (EUS).

El otro punto importante que menciona la Contraloría es que además de no ajustarse a lo que consigna el párrafo anterior, al saltar a la subdirección técnica de Gendarmería –donde sí ingresó a la planta, con grado 3 en la EUS– Olate dejó de ser parte del personal “destinado en forma permanente a prestar servicios dentro de una unidad penitenciaria”; osea no cumplía con “el requisito establecido en el inciso segundo, del artículo 1 de la ley n°19.195”.

Según el mandato de invalidación de la millonaria jubilación de Olate, al dejar de lado todo lo ya advertido y dar curso al pago del millonario monto, Dipreca “procedió con infracción a la normativa vigente”.

“Aclarado lo expuesto en relación con la ex funcionaria, es útil tener en cuenta que si bien Gendarmería de Chile no posee determinadas atribuciones para nombrar a su personal, ello no significa que en el ejercicio de tales potestades pueda actuar arbitrariamente o de un modo que, en definitiva, signifique una desviación de poder y una infracción al deber de probidad, ya que ello no se condice con los principios básicos de un Estado de Derecho, criterio que es coincidente con el que se ha sustentado por la jurisprudencia de esta Entidad Fiscalizadora”, agrega tajante el documento de Bermúdez.

“Pago indebido”

El contralor a su vez desliza que en una de esas Olate se amparó bajo el criterio del dictamen n°65.932, de 2015, “que precisó que es posible conservar la adscripción a Dipreca cuando se ha cotizado erróneamente por un periodo superior a 5 años”. Sin embargo, esto solo aplica a casos específicos anteriores al dictamen n°19.807 del jueves 31 de marzo de 2011, “dado que a partir de esa data, quienes se mantenía adscritos a dicha entidad con un nombramiento transitorio, ya no se encontraban afiliados de buena fe a la misma”.

“Finalmente, en lo tocante a las remuneraciones percibidas por la señora Olate Berríos durante el año 2015, y que sirvieron de cálculo a la pensión de retiro otorgada, se advierte el pago indebido de la bonificación compensatoria de la asignación de modernización, toda vez que la funcionaria, descontando las cuotas correspondientes a la asignación de modernización, percibía remuneraciones por sobre el tope imponible”, concluye.

Tras quedarse sin su millonario “jubilazo”, que en su momento defendió, Myriam solo podrá acceder a una pensión no superior a las 60 UF, alrededor de $1 millón 500 mil pesos.