El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago acogió a trámite la ampliación de la querella que el diputado PC Hugo Gutiérrez presentó, el miércoles 16 de noviembre de 2016, en contra del ahora imputado Sebastián Piñera por uso de información privilegiada y negociación incompatible.

Lo anterior, por la compra de Bancard, el family office del inversionista y ex jefe de Estado devenido otra vez en candidato presidencial, de acciones de la empresa pesquera peruana Exalmar en pleno juicio en el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya por la demanda marítima iniciada por Perú.

Dominga

La ampliación de dicha acción legal, ingresada este miércoles también por el diputado Gutiérrez, se refiere a la participación de Piñera y su familia en la propiedad de la Minera Dominga a través de un fondo de inversión privado, según lo revelado por un reportaje de Radio Bio-Bio difundido el día lunes.

El proyecto minero se encuentra en las cercanías de Punta de Choros, donde se iba a instalar Barrancones, una central termoeléctrica a carbón. Esta última no se construyó porque en 2010 el entonces mandatario la bajó con un “telefonazo” saltándose así toda la institucionalidad ambiental del país.

“El grado de participación penal y la tipificación es la misma, ya que se trata de otra participación en su calidad del Presidente de la República del querellado”, sostiene Gutiérrez en su escrito. Y agrega que si la información –adjuntada a su solicitud– publicada por la referida emisora es efectiva “se configura el ilícito de negociación incompatible por el cual se querelló mi representado en esta causa”.

“En este caso, el señor Piñera también actuó como presidente […] beneficiándose personalmente y a su familia directa con información que podía tener en su calidad de presidente por sus subordinados […] en este caso, con información privilegiada respecto al impacto ambiental, se siguió negociando. Esto necesariamente llevó a subir el precio de la participación y se vendió en mejores situaciones. Acá se está evidentemente usando todos los recursos de la administración para beneficiar intereses privados”, agrega.